Las autoridades hallaron los cadáveres de siete Sicarios tras enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) en Jalisco, donde el gobierno se vio obligado a aumentar recientemente el pie de fuerza, informaron fuentes oficiales.
Los cuerpos fueron encontrados en un vehículo abandonado tras los enfrentamientos ocurridos el miércoles en el municipio de Teocaltiche, entre los estados de Jalisco y Zacatecas.
Ese territorio se encuentra bajo disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, los dos más poderosos del país.
Debido a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador se desplazó a Zacatecas el pasado 25 de noviembre y anunció el envío de 460 militares, que se suman a los casi 3,900 efectivos que ya estaban desplegados en la región.
En los días previos a esa visita, fueron encontrados 16 cadáveres colgados en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, uno de los más golpeados por la violencia de los narcotraficantes.
Se trata del segundo enfrentamiento en la zona en lo que va de esta semana, según la Fiscalía y el gobierno de Jalisco, que reportaron además la incautación de 12 vehículos -tres de ellos con blindaje artesanal- y dos granadas.
La guerra entre los dos cárteles ha provocado desplazamientos de pobladores, como uno ocurrido en mayo tras varios episodios violentos.
La criminalidad en Zacatecas no para de crecer desde 2019, cuando se registraron 560 asesinatos. Al año siguiente se produjeron 920, y casi 1,300 en lo corrido de este año.
México acumula más de 300,000 homicidios desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas en coordinación con Estados Unidos, enmarcado en la Iniciativa Mérida.
Durante una visita a México del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el pasado 8 de octubre, ambos gobiernos anunciaron una nueva etapa de su cooperación en seguridad, enfocada en atacar las causas del narcotráfico y la migración ilegal.
Crítico de la Iniciativa Mérida desde la oposición, López Obrador ha impulsado como presidente una política que denomina “abrazos no balazos”, que consiste en llevar sus programas sociales a zonas pobres azotadas por el crimen.
Simultáneamente, ha incrementado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.